ACCION URGENTE AGRESIÓN CONTRA TRABAJADORES Y COMUNIDAD DE CAMPO RUBIALES- META

UNION SINDICAL OBRERA
DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. "USO"
Junta Directiva Nacional
Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993. NIT:
800.217.208.1
Afiliada a: FUNTRAENERGETICA y a la CUT

ACCIÓN URGENTE

AGRESIÓN CONTRA TRABAJADORES Y COMUNIDAD DE
CAMPO RUBIALES- META - Bogotá. D.C. 20 de septiembre de 2011
ANTECEDENTES

1. Las comunidades de Puerto Gaitán Meta, desde hace mas de 6 años vienen reclamando de
las autoridades Municipales, Departamentales, y Nacionales, así como a las operadoras
petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y
económicos, sin obtener respuesta positiva alguna.

2. La Multinacional petrolera española Cepcolsa, que opera los campos de Jaguar, Toro
sentado, y Cara Cara, en asociación con Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán -
Meta, República de Colombia.

3. La Multinacional Cepcolsa, procedió a cancelar de manera arbitraria e irregular, el contrato
que mantenía con la contratista Montajes J.M. dejando sin trabajo a mas de 1.100
trabajadores, que habían tomado la decisión de afiliarse a nuestra organización sindical, en
una abierta acción antisindical.

4. La Multinacional petrolera PACIFIC RUBIALES ENERGY, de capital canadiense explota
los yacimientos petroleros en los campos RUBIALES y QUIFA, en asociación con
Ecopetrol, en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, República de Colombia.

5. La Multinacional Pacific ha convertido este campo, en el que laboran aproximadamente
13.000 trabajadores de contratistas, en un campo de concentración donde se irrespetan los
más elementales derechos humanos y laborales, y se vulnera la soberanía nacional.

6. Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán el pasado 14 de julio, y
luego en Campo Rubiales, el pasado 19 de julio de 2011, los trabajadores y las
comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial,
dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores
despedidos y varios miembros de la comunidad afectados.

7. La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos
constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados,
indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. Consecuente con su disposición de dialogo, acordó con el gobierno nacional una reunión de concertación
con el gobierno que se realizo el 3 de agosto pasado. En esta se definieron mesas de
trabajo en las cuales se discutirían los distintos problemas planteados por las comunidades,
iglesia, autoridades locales y empresarios e la región.

8. Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas
no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades,
lo que ha originado nuevas protestas.

9. Esta vez la agresión de la Fuerza Pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha
sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán se ha atacado a la población
civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras
modificadas con metralla. En campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas
de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para
responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de
la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles.
Además, la multinacional bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y campo Rubiales.

10.Denunciamos que el Gobierno de Colombia ha dado la orden al Ejercito y la Policía
Nacional, a desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo
Rubiales y campo Quifa. Advertimos que esta acción puede desencadenar en una
“masacre” de trabajadores.

11.Todos estos acontecimientos se hubieran podido evitar si el gobierno nacional, la Empresa
Pacific Rubiales y Ecopetrol hubieran cumplido con lo acordado en la reunión de las Mesas
de Trabajo el 03 de agosto pasado. La situación se torna más peligrosa porque en Barranca
de Upía, también en el departamento del Meta, circuló un panfleto en el cual se amenaza a
los dirigentes sindicales de la USO y porque en Puerto Gaitán se ha corrido el rumor
diciendo que “quienes provocan los disturbios son los de la USO”. Coinciden sus frases con
las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: “les recordamos que esta es
nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a
nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…”

CONSIDERACIONES

El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han asumido una conducta proclive a los
intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los
trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos,
sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno.

No puede haber dialogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos
derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones
de la sociedad son reprimidas y penalizadas.

Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la
protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz
represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de
los trabajadores de las comunidades.

SOLICITUDES Y DENUNCIAS

11 Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su
fuerza pública, a las empresas PACIFIC RUBIALES y ECOPETROL, a las autoridades
administrativas que ordenan los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad
de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.

11 Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la represión y la violencia contra los
trabajadores y las comunidades en Puerto Gaitán y demás regiones petroleras de Colombia.

11 Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de
los trabajadores y las comunidades y se brinden las garantías para el libre ejercicio de la
actividad sindical.

11 Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales
con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por
parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las
comunidades.

11 Hacemos un llamado de solidaridad a nuestras organizaciones hermanas, de derechos
humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y
reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.
JUNTA DIRECTIVA U.S.O – NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ U.S.O