COMIENZA DEBATE DE LEY DE VICTIMAS

Con relación a la radicación del proyecto de Ley de Víctimas que el Gobierno Nacional realizará el próximo lunes 27 de septiembre, el representante Iván Cepeda señaló que por su significado social y trascendencia política, el debate sobre esta iniciativa debe permitir la participación de los movimientos de víctimas, de las organizaciones sociales, y de todos los partidos políticos.

Si bien el proyecto presenta algunos avances al incluir a las víctimas de agentes e instituciones del Estado, también contiene elementos problemáticos, incluso regresivos, con relación al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que deben ser garantizados a todas las víctimas sin discriminación.

Como ejemplo de esto, el segundo parágrafo del artículo 22 de la Ley excluye como víctimas a presuntos integrantes de grupos armados ilegales y a sus familiares. Además de constituirse éste enunciado en un abierto desconocimiento a las normas del DIH, esta disposición podría excluir de la reparación a los jóvenes que han sido víctimas de ejecuciones mal llamadas “falsos positivos” –acusados de pertenecer a grupos armados ilegales- y a menores víctimas de reclutamiento forzado, así como a los familiares de todas estas personas.

Asimismo, el proyecto de Ley fija un monto de indemnización de 8 salarios mínimos vigentes para las víctimas del desplazamiento forzado lo que equivale en la práctica a una ayuda humanitaria que no tiene carácter de reparación integral. También limita la reparación a las víctimas de grupos armados ilegales al tope de la reparación por vía administrativa.

Adicionalmente es motivo de preocupación que eventualmente no se acumulen el proyecto de Ley de Víctimas y el de Restitución de Tierras que actualmente cursa en el parlamento; dado que las disposiciones de ambos proyectos deben ser armonizadas.

El representante Cepeda afirmó que la bancada del PDA participará activamente en el debate de esta Ley, que realizará propuestas tendientes a que ésta se convierta en un verdadero instrumento que garantice los derechos a la verdad, la justicia y reparación, y promoverá la participación de las víctimas y sus organizaciones en el debate legislativo.